El fiscal Eduardo Taiano imputó a los últimos tres jefes de Gabinete y a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuestas irregularidades en la administración de los fondos destinados al Fútbol para Todos desde 2009, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales. Esto incluye a Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández por el lado del Gobierno. Entre los directivos de la AFA aparece, obviamente, el titular del organismo, Julio Grondona.

Según publicó hoy Clarín, la causa se inició por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña(Confianza Pública), quien alertó sobre cambios en el presupuesto que le debe entregar anualmente el Gobierno a la AFA. Entre 2009 y 2012 el FPT implicó un gasto para el Estado de 3.084 millones. Y para este año ya se prevé otros 1.447 millones, incluyendo la última modificación realizada en el Presupuesto.

Pese a la inversión en el FPT, Ocaña advirtió que los clubes argentinosempeoraron sus finanzas. Según la denuncia, ello “pondría en evidencia que los clubes o no reciben los fondos prometidos o los fondos se desvían y no se aplican a mejorar la situación de las instituciones”.

La legisladora, quien hizo la presentación judicial a raíz del informe “La ruta del dinero G” en el programa La Cornisa, también denunció el“irregular manejo de la pauta publicitaria” a partir del contrato firmado entre la AFA y el Gobierno. El tercer eje de la denuncia destaca la “asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión de los partidos”.

El fiscal Taiano pidió que la jueza Servini de Cubría solicite informes a la Tesorería General y a la Contaduría General sobre los fondos del FPT. También requirió que la Auditoría General de la Nación (AGN) acompañe un avance de la auditoría que está realizando sobre los recursos girados a la AFA.

Entre las medidas de prueba, Taiano también pidió estudiar los balances contables de la AFA desde 2009, y que la Jefatura de Gabinete “acompañe las rendiciones de cuentas realizadas por la AFA”.

Se busca determinar si los funcionarios cometieron una malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Apenas se presentó la denuncia, jefe de Gabinete Jorge Capitanich respondió que el Gobierno “no tiene nada que ocultar” y que se pone “a disposición de la Justicia”. Ahora podrá cumplir con la promesa.